El aval bancario es una garantía que se exige para responder de una obligación de pago. Es muy normal que se solicite en los arrendamientos de locales de negocio, para evitar que el inquilino desaparezca dejando a deber meses de renta. Pero también puede exigirse en otro tipo de operaciones financieras o con proveedores.
En el aval bancario, la entidad que lo concede asume las obligaciones de pago del cliente, en caso de que éste no pueda hacerles frente. Es como una especie de seguro de pagos. A cambio, el que lo pide tendrá que abonar una serie de comisiones e intereses, normalmente trimestrales.
Los avales son un contrato público, es decir, se firman ante notario. Un aval se puede firmar para garantizar todo un préstamo o sólo parte de él. En el contrato se recoge el importe que cubrirá y el plazo para el que tendrá validez. Transcurrido ese periodo o abonada esa cantidad, quedará si efecto.
Ejecutar un aval significa hacer valer su garantía. Un aval se puede ejecutar mientras no finalice su duración. Si tomamos por ejemplo el caso de los arrendamientos, el inquilino entregará el aval al propietario en el momento de firmar el contrato de alquiler. Si dejara de pagar la renta, el propietario deberá dirigirse a la entidad bancaria que emitió el aval y presentarlo para le abonen la deuda.
El banco comprobará que la reclamación se ajusta a lo pactado y procederá al pago hasta el importe avalado. Una vez que el avalista ha pagado la deuda se convierte en acreedor del avalado, es decir, que puede emprender acciones legales contra él para cobrar el importe de la deuda que ha satisfecho con el aval.
El que deja una deuda sin pagar no queda libre de responsabilidad por el mero hecho de que su acreedor haya cobrado de la entidad bancaria. Lo único que implica es que ahora le debe a un acreedor distinto, pero tendrá que abonar la deuda o enfrentarse a un proceso judicial.
